Castells considera que la no admisión a tramite de la querella supone una "auténtica y grave denegación de acceso a la justicia con la consiguiente indefensión".

El letrado estima que el Tribunal Supremo ha basado su resolución atendiendo únicamente a una prueba documental aportada por el fiscal, valorándola "en trámite previo a la admisión del escrito solicitando un antejuicio". A su juicio, "así se nos ha pivado de la posibilidad de contraprobar y utilizar los medios y recursos legales frente a las pruebas del fiscal".

Afirmó que, desde un punto de vista jurídico, el hecho de que el tribunal necesitara apoyarse en las pruebas del fiscal, "obligaba ya por si sólo, a tramitar nuestro escrito y a entrar en la llamada fase probatoria del proceso".