Así consta en el informe que ha elaborado el Ministerio de Justicia, a instancias de PP y CiU, sobre las dotaciones penitenciarias con que tiene previsto contar el Gobierno para poner en marcha el nuevo Código Penal.

Según este informe, que hoy entregó el Gobierno a los grupos parlamentarios del Congreso y al que tuvo acceso esta noche Servimedia, son necesaris 946 plazas penitenciarias para aplicar el arresto de fin de semana.

El Gobierno asegura que en julio de este año, las dotaciones de plazas en secciones abiertas para cumplimiento de la pena de arresto de fin de semana arrojan un resultado de 3.483 plazas.

Las 946 plazas se desglosan del siguiente modo:

- Número de plazas que se estiman necesarias por aplicación directa de la pena de arresto único o alternativa: 197.

- Número de plazas necesarias por aplicación de la sustitución de pens de prisión de hasta dos años por arresto: 260.

- Aplicación retroactiva de las disposiciones del proyecto más favorables a los delitos actualmente sancionados con pena más grave: 489.

Partido Popular (PP) y Convergència i Unió (CiU) pidieron el pasado 11 de febrero al Gobierno que le remitiera información sobre las dotaciones con que tiene previsto contar la Administración para poner en funcionamiento la pena de arresto de fin de semana recogida en el proyecto de Código Penal.

En un escrit conjunto presentado ante la Comisión de Justicia del Congreso, PP y CiU solicitaban también que el Ejecutivo les remitiera urgentemente un informe completo sobre la dotación existente de centros especiales para el internamiento de enajenados y jóvenes.

Sobre este punto, el informe asegura que según los datos actualizados a 1 de enero de 1993, la población penitenciaria de 16-17 años asciende a 232 jóvenes. El número de plazas disponibles es de 1.800, por lo que "la necesidad de plazas está cubierta cn las infraestructuras actuales". También hace una lectura positiva de la dotación referida a enajenados.

Asimismo, PP y CiU demandaron la remisión a la Cámara de las previsiones de dotación económica que ha de acompañar a la puesta en práctica del Código Penal, tanto en lo relativo a los juzgados y tribunales y servicios de ellos dependientes, como en lo que se refiere a la Administración penitenciaria.

El informe incluye una pormenorizada relación sobre los órganos judiciales con competencia enel orden penal existentes en este momento. Entre ellos destacan las cifras:

- 412 plazas de magistrado (órganos colegiados).- 1.640 juzgados (órganos unipersonales)

Por último, PP y CiU se interesaban por un cuadro comparativo de las penas impuestas en el proyecto de código en relación con las que se imponen en el código vigente. El informe incluye este cuadro.

Ayer, el PP dijo que podría pedir la suspensión de los trabajos de la Comisión de Justicia, en la que se estudia el proyecto de ódigo Penal, si el Ministerio de Justicia no remitía este informe.