En este trabajo se extraen y explican las principales aportaciones en la materia de la ley, publicada el 3 de enero en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según el Cermi, su informe busca poner en conocimiento del movimiento social de la discapacidad estas novedades normativas, algunas relevantes, para mejorar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.

De este modo, examina y explica las cuestiones que en la nueva ley guardan conexión directa con las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración de Justicia en áreas como el seguimiento de la accesibilidad universal en los entornos judiciales, las competencias de jueces y tribunales, los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional, la responsabilidad penal de los menores, el procedimiento para la autorización matrimonial, la asistencia jurídica gratuita, la formación de los mediadores, la jurisdicción voluntaria o el seguimiento estadístico de la violencia de género y sexual.

Muchos de estos estos contenidos de mejora del tratamiento o la atención a la discapacidad y la accesibilidad obedecen a propuestas del Cermi o de la Fundación Cermi Mujeres, efectuadas durante su trámite prelegislativo y parlamentario. Tales planteamientos fueron recogidos por el Ejecutivo y el legislador, producto de esta acción de incidencia política.