Así lo pone de manifiesto el Informe jurídico sobre los ‘Efectos colaterales de la Ley 8/2021' presentado en la sede del Consejo general de la Abogacía en Madrid, que analiza las consecuencias de esta reforma, encaminada a acabar con el régimen de incapacitación y reconocer el pleno derecho a efectuar ciertos actos jurídicos de de todas las personas, incluidas aquellas con alguna discapacidad intelectual y del desarrollo.

Este informe alerta de la detección de ciertas lagunas en la aplicación de la citada Ley, que en la práctica implican un “retroceso en derechos adquiridos” para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

Entre otras, el informe advierte de consecuencias en el ámbito tributario (pérdida de beneficios fiscales); de la Seguridad Social (retirada de prestaciones); de las finanzas, pues se dificulta el acceso y la contratación de productos bancarios; el mundo laboral con pérdidas de derechos de trabajadores en convenios colectivos, y en el terreno jurídico (problemas para acceder a la asistencia jurídica gratuita en los expedientes de jurisdicción voluntaria).

El documento, elaborado por la entidad Gentium a instancias de Plena inclusión, está dirigido a profesionales del derecho, sobre todo abogados y abogadas. Pretende facilitar la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo a través del asesoramiento jurídico y la litigación.

Para ello, ofrece a los y las profesionales diversas líneas de argumentación y defensa para evitar dichos efectos indeseados de la aplicación de esta Ley, con el objetivo de prevenir todas estas situaciones de indefensión.

La presentación contó con las intervenciones de Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España; Berta Álvarez, coordinadora de la Fundación Abogacía y Derechos Humanos; Gregorio Saravia, delegado del Cermi de Derechos Humanos y para la Convención de la ONU y miembro de la Alianza Apoyo y Autonomía; Patricia Bárcena, adjunta segunda del Defensor del Pueblo; Inés de Araoz, coordinadora del área jurídica de Plena inclusión España; Rafael Cid, socio fundador y director de Estrategia Jurídica de Gentium; Laura Espejo, adjunta a la dirección de Plena inclusión España; María José Segarra, fiscal de sala coordinadora de Personas con Discapacidad y Mayores.