Juan Bolás, presidente del CGN, manifestó hoy, en rueda de prensa, que "el aracel notarial no tiene la menor influencia en la inflación", que por otro lado no se ha revisado en la última década. A los notarios "no nos salen los números", recalcó Bolás.

Según el presidente de los notarios, no hay que confundir los gastos de notaría con los impuestos sobre la vivienda que normalmente se pagan al notario para que éste los ingrese en Hacienda o en las arcas municipales.

Por una vivienda de 30 millones, el notario percibe unas 58.000 pesetas, mientras que los impuestos asciende a más de 2.300.000 pesetas. Si la compra se realiza a través de hipoteca, la escritura de ésta cuesta otra cantidad no superior a 58.000 pesetas.

A estos aranceles se pueden añadir gastos de gestión, pero ya no son obligatorios, sino que el comprador puede hacer los trámites por su cuenta.

Bolás argumentó que en Europa los gobiernos han reducido los impuestos cuando han pretendido rebajar el precio de la vivienda, como ha hecho Francia el pasado mes de octubre, que ha reducido el IVA del 8% al 48%. En España las viviendas nuevas pagan un 7,5% de impuestos y las de segunda mano un 6%.

Los notarios consideran, asimismo, que la medida de reducir un 25% sus aranceles es "injusta por indiscriminada", ya que afecta a notarios de localidades pequeñas, para los cuales puede suponer un recorte de la cuarta parte de sus ingresos, que son reducidos e incluso llega el caso de que tienen que ser subvencionados (las "congruas").

Juan Bolás apuntó que se han visto especialmente afectadas las notarías ue se dedican intensivamente a las compraventas inmobiliarias, en las cuales peligran incluso algunos puestos de trabajo.

El presidente de los notarios añadió que la reducción arancelaria es también "injusta por desproporcionada", ya que es un descuento "del 25% de los aranceles más baratos de Europa. No es una medida económica; parece una medida política que atiende al corto plazo sin calcular los efectos a medio y largo plazo".

Además, Bolás anunció que el CGN va a solicitar la constitución de a comisión mixta de los ministerios de Economía y Justicia para revisar los aranceles notariales, tras haber pasado diez años sin que se hayan modificado.