Arango, que compareció ante la Comisión de Política Social y Empleo, manifestó que desde el 1 de enero de 1984 hasta el 30 de septiembre del año pasado un total de 200.000 parados ha cobrado indebidamente el seguro de desempleo.

El responsable de Empleo explicó que tomando como referencia los últimos meses de 1991, una medi de 2.600 parados al mes cobraron el seguro indebidamente, lo que supone un 0,16 por ciento del total de desempleados que perciben prestaciones por desempleo, que se sitúa en cerca 1.600.000 personas.

Eso supone una media de 234 millones de pesetas al mes en pagos que no debieran haberse realizado, es decir, un 0,17 por ciento de lo que destina mensualmente el Inem al pago de prestaciones por desempleo, que asciende a alrededor de 131.000 millones de pesetas.

Arango explicó que esas irregularidads no pueden ser consideradas como fraude, ya se producen principalmente porque algunos perceptores del seguro de paro encuentran un trabajo antes de que finalice el mes o porque es gente que está cobrando un subsidio indefinido, solicita una pensión y el Inem le sigue pagando varios meses hasta que obtiene la información de la Seguridad Social.

El secretario general de Empleo explicó ante la comisión las medidas del decreto sobre empleo que hoy entró en vigor y que supone un recorte de las prestacione a los parados.

Explicó que el Gobiernono ha tomado estas medidas por el volumen de fraude existente en el Inem, sino para redistribuir las rentas y evitar la quiebra del sistema contributivo.

Insistió en que el objetivo del decreto no es ahorrar dinero, sino conseguir el equilibrio financiero del sistema e impedir que el coste de las prestaciones a los parados siga creciendo al ritmo que lo han hecho los últimos años. Según Arango, el déficit del sistema contributivo en 1991 ascendía a un total e 276.000 millones de pesetas.

Recordó el déficit total del Inem, que a 31 de diciembre de 1991 se situaba en 341.154 millones de pesetas, e informó que actualmente se está tramitando un crédito extraordinario de 202.850 millones de pesetas para hacerle frente.

Explicó que para 1992, la tendencia del gasto del Inem es "preocupante" y que si no cambia, habrá una desviación del gasto real por encima del presupuestado.

DISTORSIONES EN EL MERCADO LABORAL

En cuanto a la aprobación del decreto sn haber sido negociado con los agentes sociales, aseguró que el Gobierno tomó esa decisión para no provocar distorsiones en el mercado de trabajo con el anuncio de las medidas. Arango señaló que el pasado lunes y martes acudieron miles de personas a las oficinas del Inem para sellar contratos por el anuncio de la entrada en vigor del decreto.

Estas declaraciones coinciden con las realizadas hoy en la cadena SER por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Luis Martínez Noval, en las que afirmó que ls medidas del decreto "difícilmente pueden llevarse a cabo de manera negociada, ya que el anuncio de que van a ser modificadas las condiciones de acceso al seguro de paro hubiese generado unas turbulencias considerables en el mercado de trabajo".

Respecto a la reforma del Inem, Arango señaló que consistirá en la descentralización de la gestión, pero no en su transferencia a las comunidades autónomas, puesto que un convenio firmado por España con la OIT establece que habrá un sistema nacional de oficins de empleo sujeto al control de una autoridad nacional.

Lo que sí está previsto transferir a las comunidades autónomas, según Arango, es la formación profesional ocupacional, que inicialmente se transferirá a las comunidades autónomas del artículo 151 de la Constitución y asimiladas.

Finalmente, habló de la constitución del Consejo Económico y Social (CES) y dijo que está a la espera de recibir los representantes designados por UGT y CCOO y que, en cuanto hayan sido elegidos, procederán a constiuirlo.