En ese periodo, las colocaciones que fueron el resultado de una gestión de empleo de técnicos del INEM fueron 292.900, mientras que las efectuadas directamente por las empresas contratantes ascendieron a 3.077.800.

Estos datos ponen de manifiesto que, en la inmensa mayoría de los casos, las empresas se ven obligadas a recurrir a sus propios departamentos de personal o a los sevicios de consultoras, con el consiguiente gasto, para conseguir los trabajadores que necesitan.

Los datos del Ministerio de Trabajo reflejan también que la tendencia de las empresas a desentenderse del INEM es cada más mayor, ya que las colocaciones realizadas directamente por el instituto entre enero y agosto fueron 32.000 menos que en el mismo periodo de 1990.

En ese mismo periodo también se redujeron, como consecuencia de la ralentización de la actividad económica, las colocaciones registrada tras una selección previa de las empresas, pero en una cifra muy inferior, al disminuir en sólo 7.700.

Los expertos del Ministerio de Trabajo en Formación Ocupacional estiman que la demanda de algunos tipos de profesionales se realiza en un 84 por ciento a través de la prensa, mediante anuncios insertados directamente por las empresas o por consultoras especializadas en la búsqueda de personal.

A través del INEM se tramitan principalmente las ofertas de trabajos de baja cualificación, como peón,albañil, trabajador agrícola, empleado administrativo, dependiente de comercio, mozo, mujer de la limpieza, camarero y aprendiz.

Todos los interlocutores sociales coinciden en que esta situación exige una reforma del INEM que potencie su función de instituto para la colocación de los parados, pero patronal, sindicatos y Administración no se ponen de acuerdo sobre las medidas concretas a adoptar.

Entre las medidas propuestas para adecuar el INEM a las necesidades de mano de obra reales de las emprsas figura la propuesta de UGT, de asignar un 1 por ciento de lo recaudado por la cuota de formación profesional a un instituto que investigue las cualificaciones que requiere la economía española.

Esta propuesta significaría una aportación de 1.000 millones de pesetas con ese fin, ya que la recaudaciónde la cuota de formación profesional se sitúa en torno a los 100.000 millones anuales.