Más de la mitad de ese colectivo (que integran 42.401 mujeres y 27.266 hombres) está apuntado en oficinas de empleo de Madrid, Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana.

La posibilidad de excluir de los beneficios de estar apuntado en el Inem, llegando hasta el punto de suspeder temporal o definitivamente el derecho a la prestación o el subsidio de desempleo, es algo previsto desde 1988, cuando entró en vigor la Ley de Infracciones en el Orden Social.

De acuerdo con esta ley, es una infracción grave castigada con la pérdida de la prestación de desempleo durante seis meses negarse a participar en acciones de formación o reconversión profesional, salvo que haya causa justificada.

Además, según esta norma, reincidir en esa negativa, así como rechazar ofertas de empleo aecuadas, es motivo de retirada definitiva de la prestación de desempleo. Es igualmente sancionable realizar trabajos y cobrar el mismo tiempo la prestación de desempleo.

Por otra parte, el total de demandantes de empleo excluidos, por unas u otras razones, de las estadísticas oficiales de paro eran 1.659.825 personas en diciembre de 1997, frente a 1.792.739 de un año antes.

De ellos, 363.582 estaban apuntados en el Inem para buscar un mejor empleo del que tenían; 43.538 para pluriemplearse, compaibilizando su trabajo actual con otro; 42.938 eran jubilados; 126.262 buscaban empleos con jornadas semanales de 20 horas; 197.897 eran estudiantes; 251.566 eran beneficiarios del subsidio agrario, y 41.371 querían empleos de menos de 3 meses, entre otros colectivos.