Para proceder a esa medida, el INEM está facultado por la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, promulgada en 1988, qe permite retirar el seguro o el subsidio de desempleo a los parados que lo tuvieran y suspender los derechos que pudieran tener los demandantes de empleo que no cobran prestación.

Esa ley tipifica como infracción grave "negarse a participar en acciones de promoción, formación y reconversión profesionales, salvo causa justificada". La sanción, para los parados con derecho a prestación, es la pérdida de ésta durante un periodo de tres meses y, en caso de reincidencia, con carácter indefinido.

El IEM está aplicando la citada ley incluso para los supuestos en los que un parado inscrito en sus oficinas se niega a asistir a sesiones de búsqueda activa de empleo, y así se lo está advirtiendo en cartas personales enviadas al efecto.

En esas cartas, a las que tuvo acceso Servimedia, el INEM comunica a los parados que cobran subsidio que, en el caso de no asistir a las sesiones para asesorarles en la búsquea de empleo, "podrán ser objeto de sanción, con pérdida de un mes de prestación o de todo el dercho que le reste por percibir, en función de la finalidad de la citación".

Actualmente, los 75.127 demandantes de empleo excluidos de las listas oficiales de parados por no atender a las propuestas del INEM constituyen el 4,14 por ciento de los demandantes no incluidos en las estadísticas oficiales de desempleo, que rondan el 1.800.000.

El contingente más numeroso lo compone el de demandantes con empleo que buscan un trabajo mejor, y que por tanto no pueden considerarse propiamente como desempleaos. Son 415.816.

Otros colectivos numerosos son los estudiantes menores de 25 años (227.958), los perceptores de subsidios agrarios (279.449), los que buscan trabajos de menos de tres meses de duración (51.208) y los que quieren empleos de menos de 20 horas semanales (133.258).