El INEM puede tomar esa medida, en aplicación de la Ley de Infracciones en el Orden Social, aprobada en 1988, que además faculta al instituto público de empleo para retirar el derecho a percibir prestaciones de desempleo a quienes rechacen ofertas de empleo o cursos de formación.

De acuerdo con la citada norma, es una infracción grave castigada con la pérdida de la prestación de desempleo durante seis meses negarse a participar en acciones de formación o reconversión profesiona, salvo que haya causa justificada.

Además, según esta norma, reincidir en esa negativa, así como rechazar ofertas de empleo adecuadas, es motivo de retirada definitiva de la prestación de desempleo. Es igualmente sancionable realizar trabajos y cobrar al mismo tiempo la prestación de desempleo.

En los últimos años, la aplicación de esta norma ha supuesto que un promedio mensual de entre 50.000 y 70.000 parados permanezcan excluidos de las listas oficiales de paro, junto con otros colectivos que ampoco son considerados oficialmente como desempleados, pese a estar apuntos como demandantes de trabajo.

El pasado mes de enero, esos colectivos sumaban 1.554.247 personas, entre los que figuraban un contingente importante que sí tienen la consideración de desempleados con el criterio de la Encuesta de Población Activa, como aquéllos que buscan un trabajo de menos de veinte horas semanales (169.993 en enero), los que demandan un empleo coyuntural de menos de tres meses (34.832) o los beneficiarios de subsidio agrario (245.367).

Por otra parte, los datos del INEM ponen de manifiesto que en enero estaban apuntados en sus oficinas 276.972 personas que buscaban un empleo mejor, para cambiarlo por el que tienen, y que otras 37.389 que querían pluriemplearse.