Este año se han identificado 10 medidas en materia de ahorro de energía y ocho relativas al uso de fuentes renovables.

De estas últimas, cuatro tienen carácter prioritario (energía solar térmica; fotovoltaica aislada de red, o mixta eólica-fotovoltaica aislada; producción de energía térmica a partir de biomasa para usos domésticos e industriales; e instalaciones híbridas biomasa-solar térmica).

Otras cuatro son medidas complementarias (pequeñas instalaciones para obtención y aprovechamiento de biogás; equipos de tratamiento en campo de biomasa para su empacado y astillado; instalación de surtidores de biocarburantes en las estaciones de servicio; y, como novedad, la energía geotérmica para climatización.

El ministerio destacó, también, como novedad la elevación del tope de potencia para la elegibilidad en el Área Complementaria de Instalaciones de Biogás, desde 350 kW hasta 500 kW.

El total de recursos públicos que se transferirán a las comunidades para estos fines es de 280,8 millones, 252 millones en ahorro, a los que se sumarán otros 72,3 millones aportados por las comunidades, y 28,8 millones relativos al PER.

Adicionalmente, las renovables en España reciben primas a la producción eléctrica y existen incentivos fiscales a la producción de biocarburantes.

Los recursos públicos son transferidos a las comunidades a través de la firma de convenios de colaboración con el IDAE, que en el caso de las renovables tienen carácter anual y en el del Plan de Ahorro de Energía es único. El IDAE también gestiona y coordina de manera directa algunas iniciativas contenidas en ambos planes.