El ministro de Industria, Josep Piqué, y los secretarios generales de ambas organizaciones sindicales, Jesús Urrutia, por UGT, e Ignacio Fernandez Toxo, por CCOO, se felicitaron por el acuerdo tras la firma y coincidieron en señalar que con este compromiso se asegura la pervivencia del sector del carbón para los próximos años.

Sin embargo, el acuerdo conleva esfuerzos por ambas partes. Los sindicatos y los mineros del carbón deberán asumir un ajuste de 7.000 empleos mediante bajas incentivadas, prejubilaciones y recolocaciones, que debe dejar el sector en 17.500 trabajadores.

Además, tendrá que acometerse una progresiva reducción de las ayudas al sector del 6% en 1998 y del 4% en los años siguientes, paralelamente a un recorte de la producción del 30%. Para 1997 están previstas unas ayudas totales de 220.000 millones de pesetas, de los que 150.000 milones se corresponden con el déficit de explotación por los sobrecostes que soporta el sector.

Por su parte, la Administración se compromete a modificar el sistema de ayudas, haciéndolas pasar de la tarifa eléctrica con la que ahora se financian a los Presupuestos Generales del Estado, bien a través de una canon o una tasa, que deberá decidir el Parlamento.

Además, el Gobierno deberá acometer incentivos que permitan la reindustrialización de las cuencas afectadas mediante construcción de nuevas inraestructuras, formación de personal e incentivos a los nuevos proyectos empresariales en estas zonas que propicien la creación de puestos de trabajo.

Se trata, según el ministerio, de abrir un proceso en el que el sector minero del carbón se ajuste hasta lograr la competitividad, porque de lo contrario deberá permanecer bajo subsidio y eso choca con los planteamientos de liberalización que impone la Unión Europea. "Ahí es donde está el reto", precisó el secretario de Estado de Energía, Nemesio Fernánez Cuesta.

Para forzar este proceso, explicó, se introducen elementos de libre mercado. Así, aunque las empresas eléctricas deberán comprar un tope de carbón nacional cada año para asegurar actividad al sector, el precio y la elección de la empresa minera será libre, contribuyendo a la competitividad.