El interés del departamento de Juan Manuel Eguiagaray en estos concursos es obtener el mejor precio posible para las inversiones previstas en plantas de gas, costes que las compañías repercuten después en la tarifa eléctrica.

Los concursos que prepara Energía afectarán a las centrales eléctricas ya construidas que las compañías se comprometieron a convertir al gas antes de 1999, veintiséis en total, a través del protocolo firmado entre estas empreas y Enagas, hoy propiedad de Gas Natural SDG.

Con esta medida, Industria renuncia a su pretensión inicial de exigir a las empresas propietarias de estas plantas la conversión al gas en función de las previsiones de demanda, y se limitará a fijar en cada concurso la potencia que debe ser convertida, para que sean las propias eléctricas las que hagan sus ofertas.

Según Lafuente, cuanto más barata sea la inversión en nuevas centrales, menor será su efecto en el precio final de la energía, y el miniterio tendrá más posibilidades de mantener su compromiso de fijar tarifas eléctricas por debajo del IPC en los próximos años.

No obstante, la salida a concurso de las futuras instalaciones eléctricas dependerá de la evolución de los mercados gasistas, en los que el equipo de Industria ha detectado una tendencia alcista motivada por la apuesta que la mayoría de los gobiernos europeos han hecho por este combustible, para diversificar su dependencia exterior.

De hecho, el ministerio prevé llevar a cbo una actualización de los precios del gas natural en el primer trimestre del año, ya que las tarifas de este combustible en España no puede permanecer al margen de las fluctuaciones de los mercados internacionales, según Lafuente.

En su opinión, la inestabilidad política de algunas de las zonas de las que procede el combustible, como el caso de Argelia, conlleva un encarecimiento en las garantías de suministro que no se está reflejando en los precios actuales de la termia de gas.

Asimismo, el mnisterio contempla medidas de revisión del Plan Energético Nacional (PEN) para el período 1991-2000, con el fin de ajustar las previsiones de inversión en nueva generación al coste de la energía, ya que el objetivo último de Industria es favorecer la recuperación económica con un coste del kilowatio más barato.