Centrica, filial de British Gas, también ha demandado al Estado español ante la Comisión Europea por el mencionado Decreto de Tarifas.

Según confirmaron hoy a Servimedia fuentes de Industria, el Supremo analizará las razones en las que se basó el Gobierno para aprobar las tarifas de este año y decidirá si solicita alegaciones al Ejecutivo o archiva el caso.

Las mencionadas fuentes añadieron que, dado que es una cuestión contencioso-administrativa, el órgano judicial podría tardar más de un mes en pronunciarse.

Según la denuncia de Centrica ante Bruselas y el Supremo, el reconocimiento del déficit de tarifa por el que las eléctricas recibirán más de 3.500 millones de euros en 2005 es discriminatorio, ya que el decreto no reconoce también el déficit de comercialización, estimado en unos 1.800 millones.

Para la compañía británica, el Real Decreto de Tarifas 1556/2005 "distorsiona gravemente la competencia en el mercado minorista de electricidad en España, en beneficio de los distribuidores, y falsea la liberalización del sector eléctrico, expulsando a los comercializadores independientes".

Asimismo, asegura que la subvención a las eléctricas por el déficit es "ilegal" y está prohibida por el Tratado de la CE.