El recurso de alzada también se dirigía contra la decisión de la CNE sobre la transmisión de instalaciones de distribución de gas desde Gas Natural a dos filiales.

El secretario general de Energía, Antonio Fernández Segura, dijo en el Senado que había solicitado un informe a la propia CNE antes de adoptar una decisión.

Según Endesa, la resolución de la Comisión "se aparta de una manera insólita de las decisiones adoptadas por este organismo regulador respecto de operaciones anteriores de parecida naturaleza, conduce a que sean las actividades reguladas las que financien la operación en perjuicio de los consumidores e impone como condiciones lo que no son sino estrictas obligaciones legales".

La eléctrica tachó de "manifiestamente irregular" el procedimiento seguido por la CNE, denegándole el acceso a la mayor parte de la documentación existente, impidiéndole la práctica de prueba y concediéndole el plazo mínimo legal para formular alegaciones.

Endesa argumentó asimismo que "los potenciales riesgos y efectos conjurados por la CNE no quedan conjurados por las condiciones impuestas, pues serían además imprescindibles reformas de calado de la normativa sectorial fuera del alcance de la CNE".

RESOLUCIÓN DE INDUSTRIA

Por su parte, el departamento que dirige José Montilla ha respondido negativamente al recurso de alzada de Endesa, argumentando punto por punto las razones de este rechazo.

Por lo que se refiere a la aprobación de la OPA por la CNE, Industria afirma que esta resolución fue tomada previa autorización de las mencionadas operaciones societarias de Gas Natural.

También rechaza la supuesta indefensión de la eléctrica por abuso de confidencialidad y por negación de la prueba propuesta por entender ésta "extemporánea e improcedente".

Industria rechaza que sean necesarias reformas de calado en la normativa sectorial para conjurar los riesgos potenciales de la OPA porque "al no ser alternativas para Gas Natural las condiciones impuestas, deben cumplirse en su integridad con aplicación de la legislación vigente".

Asimismo, el ministerio subraya en su resolución que las condiciones impuestas a la operación "aseguran que no se produzcan indebidas transferencias entre actividades reguladas y libres, garantizan la financiación adecuada de la operación, establecen los activos a desinvertir para salvaguardar el buen funcionamiento de las actividades reguladas y que las inversiones previstas se mantengan", y añade que se establece "un procedimiento sancionador con plena virtualidad" para el caso de incumplimiento de las mismas.