El Estado, por su parte, hará frente a las obligaciones de pago cuando venzan los títulos emitidos con la recaudación de un 3,54% de la tarifa eletrica que pagan todos los consumidores, un porcentaje que no podrá aumentar nunca y sí disminuir, auqnue las previsiones son que no se altere hasta que, al menos, no se haya pagado el 50% de la deuda.

El periodo fijado coo necesario para llevar a cabo esta compensación, y por tanto para amortizzar los títulos emitidos es como máximo de 25 años, y estos derechos de compemsación se podrán traspasar a terceros, es decir, intermediarios financieros, con lo que las eléctricas podrán dejar libres sus balances de esta carga financiera.

Sin embargo, Industria estima que no será necesario alcanzar la fecha pevista del 2020 para cubrir la amortizacion total, ya que bastará con un crecimiento del 3% en la facturación eléctrica yun tipo de interés medio del 10%, para zanjar el proceso en 19 años.

No obstante, se regular también un sistema de importes mínimos, de manera que cada año, los recursos procedentes de la tarifa más los de enajenación o explotación de activos físicos debe ser superior a 69.000 millones de pesetas, más el 2% acumulado en cada ejercicio. En caso contrario, según Industria, el Estado aportará la diferencia.

Para este año que acaba, se estima que la recaudación va a ser de unos 75.000 millones de pestas, por lo que no se prevé que sea necesario aplicar esta garantía. Los repsonsables de Energía tampoco ven probable esta posibilidad en el futuro, ya que sería necesario una caída del 4% en la facturación para que se exigiera la primera peseta de garantía.