Con el nuevo reparto salen beneficiadas las centrales de generación eléctrica de carbón sobre las plantas de ciclo combinado o de fuel-gas, y dentro de las instalaciones de carbón las compañías Endesa y Unión Fenosa, que reciben casi 4 de los 4,5 millones de toneladas de CO2 para el trienio, según confirmaron hoy a Servimedia fuentes del sector.

Así, Endesa podrá aumentar las emisiones de CO2 en 2,74 millones de toneladas entre 2005 y 2007; Unión Fenosa, en 1,27 millones de toneladas, y las restantes eléctricas se mantienen prácticamente en la asignación inicial de diciembre, con leves incrementos como el de Viesgo, de 0,17 millones de toneladas, o el de Hidrocantábrico, con 0,01 millones.

Este reajuste es consecuencia, según señalaron hoy a Servimedia fuentes de Industria, de un nuevo cálculo global de emisiones realizado tras solicitar a las compañías que avalaran los datos aportados con una declaración jurada.

Además, tras constatar que el sector de generación eléctrica goza de cierto exceso de capacidad en los próximos años (hay en construcción más ciclos combinados de los necesarios según la planificación nacional), el Gobierno ha decidido reducir los derechos de emisión reservados para nuevos entrantes y trasladarlos a las centrales de carbón.

MENOS DEPENDENCIA El carbón, además de utilizar en parte carbón nacional y mantener la actividad en las zonas mineras, es un recurso que sirve para reducir la dependencia energética del petróleo y el gas, que se importan en casi su totalidad.

Este reparto de asignaciones definitivo permite a las empresas españolas participar en el mercado europeo de emisiones que está en marcha desde el pasado 1 de enero.

El PNA definitivo aprobado hoy por el Consejo de Ministros supone "un paso de trascendental importancia para el cumplimiento por parte de España de la normativa comunitaria en esta materia y de los compromisos adquiridos en el contexto del Protocolo de Kioto, contribuyendo así a la lucha contra el cambio climático", según el Gobierno.

El Ejecutivo considera que las reservas de nuevos entrantes son suficientes para atender los incrementos de capacidad que puedan tener lugar en el periodo. Además, en el caso de cierre de instalaciones durante el periodo 2005-2007 los derechos no expedidos pasarán a engrosar la reserva.

Finalmente, quedan tres reservas: una para generación eléctrica de servicio público, otra para sectores industriales incluidos en el Anexo I de la Directiva y una última para cogeneraciones e instalaciones mixtas que prestan servicio a sectores no incluidos en el Anexo I.

NUEVAS PLANTAS

Se incluyen las llamadas "instalaciones mixtas", que operan parcialmente como ciclos combinados, generando energía eléctrica, y parcialmente como cogeneraciones, proporcionando servicio de vapor a instalaciones industriales, utilizándose respectivamente la correspondiente metodología de asignación. Se trata de instalaciones que han entrado en funcionamiento con posterioridad al periodo de referencia 2000-2002.

Se produce un incremento del número de instalaciones incluidas (957 frente a las 926 de la asignación provisional) porque ciertas instalaciones consideradas anteriormente como nuevos entrantes han sido consideradas ahora como existentes y debido a que un número de solicitudes de asignación de derechos no fueron consideradas en la asignación preliminar, bien por haberse presentado incorrectamente ante las autonomías en lugar de ante la Administración General del Estado, o por errores materiales en la gestión de expedientes.

A pesar del incremento global, en algún caso se ha producido la exclusión de instalaciones sí incluidas anteriormente, atendiendo a las alegaciones presentadas, como las instalaciones de generación eléctrica cuyo combustible son residuos, que no están afectadas por el PNA.

En 2005 se incluirán las restantes instalaciones de más de 20 MW de potencia térmica nominal que presten servicio en los sectores no incluidos en el Anexo I de la Directiva, no consideradas en la actual asignación individual.

El Gobierno agradece el gran esfuerzo realizado por las comunidades autónomas para, en un tiempo muy limitado, desarrollar un trabajo de gran complejidad técnica y administrativa.