El secretario general de la FIAB, Jorge Jordana, dijo en rueda de prensa que la Dirección General de Política Comercialdebe dar cuenta a final de año del grado de cumplimiento de esta disposición legal, una tarea que sólo puede hacer la Administración, y que hasta la fecha no se está verificando nada.

Según la FIAB, si las empresas alimentarias denuncian que no cobran en el plazo de un mes se exponen a represalias y a que las grandes empresas y distribuidoras prescindan de ellas.

La morosidad fue uno de los asuntos que ayer trató la Asamblea General Ordinaria de la FIAB, junto a los datos macroeconómicos del sector, que, en palabras de Gil, son "optimistas a muy corto plazo" pero "preocupantes" a medio y largo plazo.

La razón es que en 2005 se rompió la tendencia alcista en producción y ventas de los tres últimos años, y que se produjo un descenso del 3,3% en la facturación si se descuenta la inflación (65.435 millones de euros).

Además, las importaciones de productos alimenticios (+9,5%) siguen creciendo a un ritmo tres veces superior al de las exportaciones (+2,9%).

Uno de los mayores importadores de alimentos son las grandes cadenas de distribución, resaltó Gil, que por su tamaño pueden comprar en cualquier país europeo y transportar la mercancía a España en lugar de comprar a empresas locales.

No obstante, Gil expresó su apoyo a la expansión de las grandes superficies, frente a las trabas de numerosas comunidades autónomas, porque, a diferencia de los supermercados, en ellas las empresas alimentarias tienen más posibilidades de vender sus productos al disponer de más espacio que los establecimientos pequeños y medianos, donde "no cabe más que la marca blanca y otra".