Esta es una de las principales conclusiones a las que se ha llegado en el transcurso de la jornada "Los Beneficios de la Integración Laboral de las Personas con Discapacidad en la Empresa", que hoy se celebró en Madrid organizada por la Fundación Invest for Children.

Valeriano Baíllo, director general del Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo INEM), destacó la clara voluntad de las Administraciones de "reducir las diferencias en materia de desempleo entre las personas con discapacidad y el resto de la sociedad", lo que, según afirmó, se refleja en los Planes de Acción para el Empleo, "abarcando políticas fiscales de Seguridad Social y programas de políticas activas de empleo".

Según Baíllo, la Administración considera un objetivo prioritario facilitar el paso de los trabajadores con discapacidad del empleo protegido al empleo ordinario, para lo cual se están desarrollando nuevas políticas de fomento del empleo de las personas con discapacidad, así como una nueva regulación de las subvenciones y bonificaciones a las empresas, incrementando las que se conceden por contratación de mujeres.

El director general del Servicio de Empleo destacó otras medidas para impulsar la inserción laboral de las personas con discapacidad, como el fomento del autoempleo, del empleo con apoyo (sistema de soporte técnico individualizado que ayuda a las personas con discapacidad a encontrar y mantener un trabajo remunerado en una empresa ordinaria) y de los Centros Especiales de Empleo.

Asimismo, se refirió a los enclaves laborales, que sirven de "puente" entre el empleo protegido y el ordinario, mediante la prestación de servicios de un colectivo de trabajadores de un Centro Especial de Empleo en una empresa que no lo es.

Por su parte, el presidente de Invest for Children, Carlo Bonomi, recalcó "la necesidad de avanzar entre todas las organizaciones relacionadas con el empleo y la discapacidad para mantener vivo el marco de reflexión y lograr políticas de integración más eficaces".

Según un informe elaborado por la Fundación Invest for children, basado en estimaciones del Consejo Económico y Social, de cumplirse con la cuota de reserva del 2% que establece la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) para las empresas con más de 50 trabajadores, se crearían 80.000 nuevos puestos de trabajo. De esta manera, la tasa de paro de este colectivo, situada actualmente en el 26%, bajaría hasta el 7%.

Otro dato relevante que destaca dicho informe es la elevada tasa de inactividad que afecta a este colectivo y que hace que dos de cada tres personas con discapacidad se encuentren fuera del mercado laboral, lo que sitúa la tasa de actividad un 40% por debajo de la de las personas sin discapacidad.

Los ponentes subrayaron la necesidad de incluir en las políticas de Responsabilidad Social Corporativa de las empresas la integración laboral de las personas con discapacidad, dando a conocer entre el empresariado los beneficios que ello comporta, así como las numerosas ventajas e incentivos fiscales que ofrecen las administraciones.