El estudio, elaborado con datos de 1992, pone de manifiesto que las indemnizaciones abonadas en el País Vasco son las más altas, con un media de 2.599.497 pesetas, mientras que las más bajas son las de la región castellano manchega, de 1.009.497.

Estas indemnizaciones, vinculadas legalmente al tiempo de permanencia en la mpresa, son en términos generales superiores en las comunidades con un menor nivel de precariedad laboral, como Madrid y Cataluña.

Ambas se sitúan por encima de la media, de 1,83 millones, con 2.437.937 pesetas para Madrid y 2.261.406 para Cataluña. También rebasa la media Navarra, con 2.020.065.

El resto caen por debajo: Castilla La Mancha, Extremadura (1.020.000 pesetas), Galicia (1.089.884), la Comunidad Valenciana (1.129.214), Castilla y León (1.180.158), Canarias (1.211.797), Murcia (1.334.96), La Rioja (1.584.365), Andalucía (1.664.906), Asturias (1.689.966), Cantabria (1.706.267) y Aragón (1.729.131).

ANTIGUEDAD

Por otra parte, el estudio pone claramente de manifiesto que las empresas tienen muy en cuenta la antigüedad de sus empleados antes de despedirlos, dado el mayor coste que tiene deshacerse de los más veteranos.

De hecho, el 65 por ciento de los despedidos lleva menos de cinco años en la empresa. Hay menos posibilidades de verse afectado por una rescisión de contrato cuano este se prolonga entre cinco y diez años (un 14 por ciento) y algo más a partir de ese momento (un 21 por cien).

En cuanto al tamaño de la empresa, los datos del Ministerio de Trabajo evidencian que los trabajadores que más riesgo corren de perder el empleo son los contratados por pequeñas sociedades, que están menos preparadas para resistir los embates de las crisis.

En concreto, un 67 por cien de los despidos pertenecen a empresas de menos de 25 empleados. Por contra, ser contratado por una gan compañía de más de 500 empleados equivale casi a un seguro anti-paro, ya que sólo el 3 por cien de los despedidos procedía de ellas.