Entre enero y eptiembre de 1996, último período para el que hay datos disponibles, los juzgados de lo social resolvieron 36.786 casos de despido, al no ser posible el acuerdo en los órganos de mediación y arbitraje, por lo que tuvieron que ser llevados a los tribunales.

En la mayoría de estos despidos los tribunales dictaron sentencias totalmente favorables a los trabajadores, en 13.408 de ellos. Además, 1.599 fueron sentencias parcialmente favorables a los trabajadores, 5.640 en favor de las empresas y en el restode los casos hubo conciliaciones de última hora o desistimiento de alguna de las partes.

Las cantidades reconocidas a los trabajadores en los despidos resueltos por los juzgados de lo social ascendieron a un total de 31.377 millones de pesetas, cifra un 6,6% superior a las indemnizaciones por despido fijadas por los tribunales entre enero y septiembre de 1995.

Sin embargo, las indemnizaciones por despido pactadas entre empresas y trabajadores en los órganos de mediación y arbitraje fueron muy supriores, alcanzando los 250.127 millones de pesetas en los nueve primeros meses del 96. Esta cantidad es un 4,2% mayor que la del mismo período de 1995, que se situó en 239.993 millones.

El número de beneficiarios de estas indemnizaciones también creció, un 1,8%, colocándose en un total de 106.301 trabajadores, que recibieron una indemnización media de 2.353.007 pesetas por trabajador, frente a los 2.299.774 pesetas percibidas en el mismo período de 1995.

REFORMA LABORAL

Precisamente el coste de despido es el principal caballo de batalla de la negociación que mantienen empresarios y sindicatos para reformar el mercado de trabajo y buscar soluciones que permitan la creación de empleo y una mayor estabilidad de los puestos de trabajo.

Estas negociaciones se verán impulsadas con la reunión que el lunes día 20 mantendrán los presidentes de CEOE, José María Cuevas, y de Cepyme, Manuel Otero Luna, con los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y CCOO, Antonio Gutiérrez.

Pese a que el pesidente del Gobierno, José María Cuevas, se comprometió en un encuentro con los líderes sindicales el pasado martes a no abaratar el coste legal del despido, los empresarios insisten en que los costes del despido improcedente en España son muy elevados y hay que equipararlos a los de los países de la Unión Europea.

Recientemente, el propio presidente de la CEOE, José María Cuevas, declaró a esta agencia que el problema que existe en España es que los jueces declaran improcedentes la mayoría de los depidos. Por ello, insistió en la necesidad de clarificar las causas del despido objetivo.

Cuevas manifestó, incluso, que se podría seguir manteniendo la indemnización de 45 días en el despido improcedente y la de 20 días en el objetivo "si se aplican correcta y razonablemente", aunque apuntó que el problema seguiría siendo que la decisión final la tienen los jueces. También criticó la necesidad de la autorización administrativa para los despidos colectivos, exigencia que dijo que no existe en Europa. En cuanto a la propuesta de los sindicatos de penalizar el uso de los contratos temporales, los empresarios no parecen estar muy de acuerdo. A juicio de Cuevas, lo que hay que hacer es "atacar cuál es la causa por la que no se hacen contratos indefinidos", que insistió en que es el "elevado" coste del despido.

También existe alguna discrepancia, aunque menor, sobre si los cambios que se acuerden deben llevar a modificaciones del Estatuto de los Trabajadores, como pide la CEOE, o si deben ir por la ía de la negociación colectiva, como prefieren los sindicatos. No obstante, este aspecto no presenta problemas insalvables, ya que los sindicatos han aceptado finalmente posibles cambios en la legislación laboral si es necesario.

Con estos planteamientos, los sindicatos y los empresarios iniciarán el lunes la recta final de esta negociación, que se abrió después del verano. En estos meses ambas partes se han centrado en analizar las causas del mal funcionamiento del mercado de trabajo y la verdadera ngociación empieza ahora.

Aunque durante esta semana Aznar y el ministro de Trabajo, Javier Arenas, han restado importancia al plazo que dieron a los agentes sociales para negociar la reforma del mercado de trabajo (antes de que finalizara marzo), desde la CEOE se sigue insistiendo en que esta negociación, que a partir de ahora será pública, debe finalizar "en un breve plazo".