En una entrevista con Servimedia, Paniagua apuntó que “hasta la fecha se han tramitado 1,7 millones de solicitudes”, muchas de las cuales han sido rechazadas “por superar ampliamente los límites de renta y de patrimonio previstos en la ley”.

“Nuestra preocupación son aquellas personas que no han venido” a solicitarlo y que, “según los estudios previos”, tendrían derecho, puntualizó. “Vamos a poner el foco en ellos y vamos a ayudarles”, agregó Paniagua.

Señaló que en la actualidad, el IMV llega a casi 430.000 hogares y beneficia a más de un millón de personas, unas cifras que su departamento pretende aumentar.

Las previsiones iniciales del Ministerio, a partir del cruce de información entre Hacienda y la seguridad social, apuntaban sin embargo que podría haber más de 800.000 hogares con derecho a percibir esta ayuda, lo que significa más de 2 millones de destinatarios potenciales.

MUCHOS MOTIVOS

En opinión de Paniagua, “son múltiples las causas” por las que una persona con derecho a cierta ayuda social puede decidir no pedirla.

Por ejemplo, indicó, reclamar dicha prestación puede hacer aflorar otras rentas que no se habían declarado”, pero existen “otros motivos muy variados”, como el estigma. Con todo, Paniagua se refirió a la parte que le toca al que diseña la política, pues solicitar esta ayuda “no es un proceso sencillo”.

Por ello, “tenemos que poner todo el esfuerzo del mundo en asesorar (a estas personas) y a quienes están más cerca de ellas” para que den el paso.

“En este proceso estamos ahora”, y destacó el proyecto del Ministerio de envío de mensajes de texto vía móvil a beneficiarios potenciales del IMV que no han acudido a la Seguridad Social. “Les hemos pedido permiso para llamarlos por teléfono y averiguar así por qué no lo han hecho”, detalló.

"Tenemos que averiguar si se trata de un problema de comunicación, de accesibilidad o de información, y hacer lo que esté en nuestra mano para que lleguen a solicitarlo", declaró.

De hecho, el Ministerio prevé poner en marcha otros proyectos distribuidos por todo el territorio nacional para resolver este problema de “diferencia entre las cifras previstas” que, según Paniagua, “no es exclusivo del IMV ni de las políticas vinculadas a renta de este país, sino generalizado” en las ayudas sociales.

AUMENTO DE SOLICITUDES

Por otro lado, la secretaria general destacó que la aprobación de la Ley del Ingreso Mínimo Vital en diciembre de 2021 (antes lo regulaba un real decreto) supuso ciertas mejoras, como la incorporación del Complemento de Ayuda a la Infancia y más flexibilidad en la consideración de las unidades de convivencia.

A ello hay que sumar el aumento del 15% en las cuantías acordado para los próximos tres meses.

Desde enero, “hemos visto un incremento de las solicitudes” y “podemos esperar que se mantenga constante”, concluyó.