Los eurodiputados españoles Laura González Alvarez y Pedro Marset Campos han preguntado recientemente al comisario sobre esta instalación, pensada para quemar residuos forestales. Hasta el momento, diversas organizaciones han presentado más de cien peticiones para la revisión de este proyecto.

Estas organizaciones denuncian, sobre todo, el secretismo de la Junta de Castilla y Leó y del promotor de la obra, que, según aseguran, no han explicado sus objetivos en esta zona.

Por su parte, los citados eurodiputados han advertido a la Comisión Europea que la construcción de la incineradora podría representar un serio peligro ecológico. Aseguran que esta instalación se encontraría próxima a espacios naturales protegidos por el plan de salvación del oso pardo y el proyecto 2000.

El comisario ha recordado a los eurodiputados españoles que "corresponde a los Estados miembros tomarlas medidas necesarias para que los desechos sean recuperados o eliminados sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar técnicas que podrían perjudicar al medio ambiente".

Papoutsis ha añadido que ni el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) ni el Fondo de Cohesión han concedido subvenciones al proyecto de la incineradora de Salinas de Pisuerga. De esta forma, el comisario rechaza las afirmaciones de los eurodiputados españoles, que habían asegurado que el promotor del proyecto se había bneficiado de casi 400 millones de pesetas de varios fondos europeos (OM-PAEE y SG-FEDER).