En la organización de estas jornadas colaboran la Fundación El Monte, el Tribunal Superior de Justicia de la Junta de Andalucía, la Consejeria de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía y la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada.

"Con estas jornadas", según los oranizadores, "se pretende establecer un foro de debate entre profesionales del derecho y personas del sector de la minusvalía psíquica, que permita el conocimiento mutuo y genere propuestas de modificaciones legales para asegurar el ejercicio de los derechos de las personas con deficiencia mental".

La demanda social que exige dar respuesta a la atención de las personas con discapacidad psíquica que han alcanzado ya una determinada edad, ha requerido frecuentemente a las asociaciones de este colectivo pra iniciar la tramitación judicial de la incapacitación y para el desempeño de la tutela cuando faltan los padres o familiares de las personas con discapacidad psíquica o aquellos que pueden asumir tal responsabilidad.

El nuevo marco creado por la Ley de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General, ha llevado en muchos casos a la constitución de fundaciones tutelares encaminadas a tal fin y, genéricamente, la modificación operada en el Código Civilen 1983, supuso también la posibilidad de que fundaciones y asociaciones, como entidades sin ánimo de lucro y especificamente destinadas da la atención y promoción de las personas con discapacidad psíquica, asuman la responsabilidad de la tutela, con todos los efectos a ellos inherentes.

Sin embargo, la gestión de la tutela, como el propio procedimiento de incapacitación, la intervención judicial y del Ministerio Fiscal, y la administración de los bienes del incapaz, supone en muchos casos serias difiultades y un cierto desconocimiento de la realidad social a la que se aplica, que suelen plantear invoncenientes y cuyo marco legal no siempre está adaptado a las necesidades de esta población.