El acuerdo persigue, como objetivo último, ofrecer a las personas sordas la posibilidad de cmunicarse mediante la lengua de signos ante cualquier organismo de la Administración.

Para ello se destinará un importe total de 688.625 euros (115 millones de pesetas), de los que 428.140 euros corresponderán a la aportación del IMSERSO. Entre las medidas concretas que recoge dicho convenio figuran el apoyo a los servicios de interpretación de lengua de signos y la formación de nuevos intérpretes.

Tras la firma, Luis Cañón recordó la acuciante necesidad de intérpretes de lengua de signos que exise en España, ya que se estima que hay en nuestro país unos 100.000 usuarios de esta lengua mientras que los intérpretes no llegan a rebasar la cifra de 500.

Por su parte, Alberto Galerón declaró que "el hecho de suscribir un acuerdo permanente y estable, que no esté sometido a las vicisitudes de las subvenciones anuales, supone un paso importante" y que "facilitar la comunicación es hacer posible la calidad de vida, la igualdad de oportunidades y la participación social".

El convenio suscrito hoytrata de responder también a la proposición no de ley aprobada en la Comisión de Política Social del Congreso de los Diputados el 16 de diciembre de 1997 y a la moción aprobada por el pleno del Senado el 13 de abril de 1999. Ambas iniciativas instan al Gobierno a intensificar su labor a favor de la lengua de signos, como instrumento de comunicación fundamental para el colectivo de las personas sordas.