El despacho de abogados Zunzunegui & Escolar de Madrid, en representación de 40 de los 8.000 afectados, impugnó la suspensión de pagos basándose en la inexactitud fraudulenta en el balance general, al no haber sido reconocidos como créditos inversiones no realizadas por un importe de 13.000 millones de pesetas.

Sin embargo, para ADICAE la impugnacin "se basa en unos motivos que fueron desestimados en su momento" y "no tiene otra finalidad que la publicidad de estos señores y su afán de ganar clientela, aunque sea a costa de jugar con los problemas y dinero de miles de familias y de justificar los altos honorarios que quieren hacer satisfacer a sus clientes".

"ADICAE hace un llamamiento a los afectados y sus familias, que tanto han sufrido ya con el asunto AVA, a no tomar en consideración estas actuaciones aventureras y detestables desde cualquir ética jurídica, porque estamos convencidos de que en unas pocas semanas se va a ver cómo este asunto no era más que pura demagogia y una grave provocación para los afectados, que van a ver como se atrasan los pagos que se iban a realizar en pocos días".