No obstante, será la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados el organismo encargado de dar el visto bueno definitivo a esta medida, en la reunión que se celebrará el día 21.

Asimismo, también existe consenso sobre la necesidad de que esta medida entre en vigor con efectos retroactivos para los hechos imponibles producidos a partir o bien del 1 de enero de 1994, o del 1 d enero de 1995.

El portavoz del PP en la ponencia, Miguel Cabrera, explicó que es fundamental que se decida que esta medida entre con efectos retroactivos: "Así, los efectos de la Ley se dejan notar antes, si no, habría que esperar cuatro años".

"Este es un derecho extraordinario, es el logro más importante en favor del contribuyente de todo el Estatuto", añadió el diputado popular.

No obstante, a pesar de la unanimidad sobre estas cuestiones, el portavoz socialista, Francisco Fernández Maruán, se mostró cauto sobre esta cuestión y dijo que habrá que esperar a comprobar la enmienda transaccional que se presente antes de decidir si su grupo da su apoyo definitivo.

Fernández Marugán opinó que este proyecto de Ley ha nacido "sin fortuna", puesto que ni la doctrina tributaria ni los grupos parlamentarios se sienten comprometidos con el Estatuto del Contribuyente, según su opinión. "Esta normativa sólo tiene una cosa buena, que es el título, lo demás está equivocado", añadió.

A su vez, e portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre, consideró como "extraordinariamente positivo" que se vaya a rebajar el plazo de prescripción con consenso parlamentario.

TEMAS PENDIENTES

Sin embargo, la ponencia ha dejado multitud de temas pendientes de aprobación en la Comisión de Economía en los que no es previsible que haya unanimidad, como es la limitación a un año de las inspecciones tributarias sobre un contribuyente, salvo excepciones justificadas que están pendientes de determinación.

Otro asunt pendiente es ampliar la vía jurídico-administrativa a los contenciosos que los ciudadanos emprendan contra los tributos dependientes de los ayuntamientos y las comunidades autónomas.

Al no existir esta vía actualmente, el ciudadano está obligado a acudir directamente a la justicia ordinaria en caso de querer recurrir supuestos abusos fiscales por parte de estas administraciones, con los costes que esto supone.

Asimismo, la Comisión también tendrá que decidir si se suprime el derecho de retracto,una antigua normativa que permite a la Administración apoderarse de un bien si su poseedor ha declarado un valor inferior en un 50% al precio que estima correcto el Estado.

También se pretende eliminar las sanciones contenidas en Ley de Tasas, "sanciones encubiertas" según Cabrera que no tienen razón de ser, puesto que las multas en materia tributaria están reguladas en la Ley Tributaria.