"Está claro que debe haber una financiación pública de la sanidad pública, pero los cauces de esa financiación tienen que ser estables y rigurosos, vía presupuestos del Estado. Lo que no parece lógico es encarecer un servicio que no tiene en absoluto nada que ver con las prestaciones por la sanidad pública", manifestó a Servimedia el portavoz de la UCE, Enrique García.

Para la UCE, un impuesto nuevo en las gasolins "es un elemento retorcido de aumentar la eficacia de la recaudación o las cuentas que hay entre las comunidades autónomas y el Estado".

"Como nunca nos han gustado los impuestos indirectos no estamos de acuerdo con que se financie en base a una tasa que no responde al perfil individual y al principio de capacidad que debe de regir la recaudación de impuestos", aseguró García. "Cada uno aporta en función de su capacidad, es principio constitucional y asumido por todos. El que más tiene, más paga".

La UCE planteó que, si se implanta el impuesto en las gasolinas, aquellos ciudadanos que vivan en un medio urbano y usen el transporte público van a pagar menos dinero para la sanidad que aquellos que están condenados al uso del vehículo privado para acudir al centro de trabajo.

García criticó que se reduzcan los impuestos directos subiendo los indirectos (en el 2000 aumentó un 0,57 por ciento la presión fiscal en España). "Así cualquiera reduce impuestos", sentenció la UCE.

Por su parte, la Oranización de Consumidores y Usuarios (OCU) afirmó que "ya está bien que la única manera de recaudar fondos sea siempre por la línea de la presión fiscal indirecta, que es la peor porque es la que afecta a todo el mundo por igual, sea cual sea tu poder adquisitivo".

El director de la OCU, José María Múgica, indicó a Servimedia que "los consumidores deberíamos tomar buena nota a la hora de decidir a quién damos la confianza (el voto)".