Su objetivo es la reducción o la supresión de factores que generan situaciones de riesgo o de dificultad de integración social para los niños y niñas.

Los destinatarios de estas ayudas son familias en las que concurran las siguientes circunstancias: presencia de indicadores de riesgo para el menor en la convivencia familiar; existencia de necesidades básicas del menor que no están cubiertas; falta de recursos económicos en el hogar, y existencia de un proyecto de intervención familiar.

Por su parte, estas familias tienen que aceptar la intervención de los servicios sociales comunitarios, dependientes de los ayuntamientos, a la vez que tienen que cumplir con los objetivos establecidos en el proyecto de intervención familiar.

Por provincias, las ayudas económicas se distribuyen de la siguiente manera: Almería (116.387 euros), Cádiz (301.091), Córdoba (174.946), Granada (173.879), Huelva (102.766), Jaén (131.299), Málaga (294.321) y Sevilla (380.667). Junto a la prestación económica, las familias con escasos recursos también pueden recibir otro tipo de ayuda a través de estas ayudas familiares, como material escolar o ropa.

Este programa se lleva a cabo en colaboración con las corporaciones locales, que son las que gestionan las ayudas familiares a través de los servicios sociales comunitarios.

Para su desarrollo, la Junta establece convenios anualmente con todos los ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y con las diputaciones provinciales, entidades que coordinan este programa en las localidades de menos de 20.000 habitantes