Este es uno de los acuerdos tomado en la Conferencia Sectorial de Igualdad (CSI) que se celebró este viernes en Santa Cruz de Tenerife, presidida por la titular de Igualdad, Irene Montero, en la que también han participado, la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell y las Comunidades Autónomas.

Rodríguez señaló que en los periodos en que se produzcan repuntes de feminicidios, o cuando se produzcan feminicidios en los que concurran circunstancias de especial relevancia, las Comunidades afectadas y el Ministerio de Igualdad, en el marco de la CSI, constituirán comités de crisis con el fin de analizar las situaciones para sacar conclusiones que refuercen la respuesta interinstitucional.

Se considerará que existe un repunte cuando, en el plazo de un mes, se hayan producido cinco o más casos de feminicidio en una o más Comunidades. Dichos comités, cuya actuación constituye un complemento a los procedimientos ya establecidos por cada autonomía, serán convocados por el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que remitirá la convocatoria a las comunidades en las que se hubieran producido los casos.

Los citados comités recabarán información acerca de los servicios e instituciones a los que acudió la víctima, contando con los informes de las Unidades de Coordinación y de Violencia sobre la Mujer de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, con la finalidad de evaluar la respuesta y formular, en su caso, propuestas de mejora.

Otro de los acuerdos de la CSI, bautizada por Montero como el 'Acuerdo de Tenerife', es mejorar la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género e impulsar un marco de cooperación en materia de violencia contra las mujeres para reforzar la colaboración entre administraciones.

CONSENSO

“Todos los esfuerzos han merecido la pena para llegar a este consenso", señaló Montero, que incluye una prórroga presupuestaria que “significa más protección para las mujeres, más y mejores esfuerzos por parte de los gobiernos para llegar a tiempo y cambios profundos para que nuestra sociedad esté libre de violencias”.

El acuerdo incluye las líneas maestras para garantizar un sistema de financiación estable, plurianual y con fondos suficientes para dotar presupuestariamente a todos los servicios de recursos humanos y técnicos, subrayó la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez.

La CSI se compromete también a diseñar mecanismos de cooperación específicos con entidades locales en materia de violencia contra las mujeres dada su importancia como primera línea de atención.

Además se ha aprobado un marco de cooperación en materia de violencia contra las mujeres para mejorar la respuesta interinstitucional integral, eficaz y coordinada contra las violencias machistas, y asegurar la existencia, en todo el territorio, de políticas, recursos y servicios que garanticen los derechos de las víctimas de violencia contra las mujeres.

Se diseñará un catálogo de referencia de políticas y servicios para todas comunidades, que será elaborado por consenso y que se aprobará en la próxima reunión de la CSI. Incluirá un conjunto de estándares mínimos que deberán garantizarse en todo el territorio, sin perjuicio de las administraciones competentes de disponer de recursos adicionales.

El catalogo abordará, como mínimo, la prevención de la violencia contra las mujeres, incluyendo medidas informativas, de concienciación y educativas; investigación y recogida de datos, protocolos, instrumentos y políticas para la detección de la violencia; y servicios y medidas para la atención integral y reparación de todas las víctimas de todo tipo de violencias.