Esta cantidad deberá ser aportada en su mayor parte por futuros créditos hipotecarios, que deberán ser solicitados una vez que se haya procedido a la separación de las promociones de la cooperativa de viviendas.

PSV necesita 77.000 millones e IGS en torno a 22.000 millones, si bien esta última podrá recuperar parte de ese dinero a través de la venta de activos.

En este sentido, el interventor judicial de IGS, Francisco Prada, aseguró que el uzgado ha solicitado a la empresa Tasaciones Hipotecarias que realice el peritaje del edificio Dressel y el de la sede de la madrileña calle Orense.

Según Valeriano Gómez, el proceso para la entrega de las viviendas se alargará durante tres años y supondrá una inversión total desde que comenzó el proyecto PSV de 200.000 millones de pesetas. El presidente de IGS estima que las obras pueden comenzar antes del verano.

Por su parte, la derrama del 7 por ciento a aportar por todos los cooperativistas or los sobrecostes producidos supone un monto total de 9.636 millones de pesetas, de los que 8.450 millones corresponden a PSV y 1.186 a IGS (de sus promociones propias).

POSIBLE INSOLVENCIA

Gómez explicó que el nuevo marco que se aplicará para la salida de la crisis de PSV pasa por utilizar los avales del Gobierno para hacer frente a los costes pendientes de cada promoción, a través de créditos.

Entonces, cada promoción podrá solicitar individualmente los préstamos hipotecarios necesarios parala construcción de las viviendas. Aunque Gómez reconoció que cada una podrá elegir gestora, se mostró partidario de la prevalencia de IGS.

Gómez aseguró que eliminar los ingresos futuros de IGS dificultaría la salida del convenio de acreedores y las quitas futuras, porque podría suponer la insolvencia de la sociedad. "Es necesario advertir que será necesario el máximo equilibrio financiero posible", indicó.

Por su parte, Francisco Prada, interventor de IGS, anunció que los dos jueces de la suspenión de pagos de PSV e IGS van a dictar sendas resoluciones para aplazar 'sine die' el tiempo fijado para realizar el convenio de acreedores, ya que a su juicio lo fundamental y prioritario es la construcción de las viviendas.