Iglesias, en declaraciones a los periodistas, dijo que "estamos ante los últimos coletazos de algunas autoridades catalanas que no quieren entender lo que es el funcionamiento de un Estado de derecho", y advirtió de que "obstaculizar el cumplimiento de una sentencia es un delito".

El jefe del Ejecutivo aragonés valoró el acuerdo alcanzado entre ambas diócesis, que supone la devolución de los bienes a Aragón, y señaló que todo lo que pretenda dilatar la ejecución de la sentencia "está fuera de lugar pues la sentencia es firme y existe un acuerdo entre los obispos".

Subrayó que el legítimo propietario de los bienes es la Diócesis de Barbastro-Monzón y es a esta entidad a quien le corresponde pedir al juez el cumplimiento de la sentencia. En ese sentido, Iglesias aconsejó a ambos obispos que "no descarten la posibilidad de pedir la ejecución de la sentencia".