Por ello, la Conferencia Episcopal pide que se corrija la alta presión fiscal que desde enero de 1993, cuando la Ley de Haciendas Locales suprimió la exención del IBI para entidades benéficas, soportan instituciones de la Iglesia, en su mayoría ubicadas en las ciudades y dedicadas a actividades religiosas, benéfico-docentes, hospitalarias y de asistencia social.

José Sánchez añadió que el Episcopado está muy preocupado por la nueva sistuación fiscal porque "de no corregirse, en la forma que la Ley de Haciendas Locales prevé, podría verse seriamente impedido el ejercicio del derecho de libertad de enseñanza, así como el derecho reconocido por el Estado español a la Iglesia de llevar a cabo actividades de carácter benéfico o asistencial".

Por otra parte, el secetario general confirmó que el nuevo equipo que dirige la Conferencia no ha mantenido por el momento conversaciones oficiales con el Gobierno, sólo telefónicas con el director General de Asuntos Religiosos.

Sin embargo, añadió que ya están solicitadas las audiencias de presentación con el Rey y el Presidente del Gobierno.

Respecto a las relaciones que la Iglesia ha mantenido con el Gobierno, José Sánchez explicó que "siempre son difíciles, ha habido fases más fluidas aunque en la última época nolo eran". Por ello, prosiguió, "queremos que las que se reinicien sean eficaces, no para marear la perdiz".

Sobre la información aparecida recientemente en un diario nacional, referida a que el Gobierno iba a condonar la deuda de más de 3.000 millones de pesetas a la Iglesia, el secretario general añadió que "estamos extrañadísimos con esta información porque no hay tal deuda y, por lo tanto, no puede haber ral condonación".