Así lo aseguró en una multitudinaria rueda de prensa en Madrid junto al presidente del despacho, Javier Cremades, en la que el prelado comenzó pidiendo “perdón por todos los abusos en el seno de la Iglesia a todas las víctimas por todo el dolor que han padecido y padecen”.

El encargo de esta investigación independiente, señaló, auditará “todo el trabajo de todas sus instituciones”. “Llevamos tiempo trabajando, pero nos parece que tenemos que dar un paso más en ese apoyo y ayuda a las víctimas”, que estará abierto, aunque no lo citó explícitamente, a posibles indemnizaciones a las víctimas. En este sentido, indicaron que ya se ha contactado con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien tendría que poner en marcha otra comisión de expertos que le ha encargado el PSOE.

Según Cremades, la comisión será un “modelo español” de investigación de este tipo de abusos, "híbrido", pues tomará referencia de la que ha funcionado en Alemania y del modelo francés, con los que han aflorado centenares de casos, pero también auditará el trabajo de las oficinas diocesanas que hay en España para atender a las víctimas impulsadas por la CEE y contará con la colaboración de la Conferencia de Religiosos, que aglutina a las congregaciones, dependientes directamente de Roma y no de los obispos.

Por parte del bufete trabajan en esta iniciativa 18 profesionales, a los que irán sumando otros según “las necesidades de las víctimas”, así como un par de abogados alemanes con experiencia en la investigación de los abusos eclesiales. El tiempo previsto para tener un informe preliminar que se hará público a víctimas, CEE, instituciones y sociedad, es de un año.

DOCE MESES

“Esa investigación tiene una duración revista de doce meses, deberá tener toda la amplitud necesaria para clarificar los casos acontecidos en el pasado e incorporará a los más exigentes niveles que impidan la repetición de los abusos en el futuro”, concretó el letrado, en esa “amplitud”, también en el tiempo en que ocurrieron los delitos, matizó, podría estudiarse en cada caso una indemnización.

La comisión encargada por la CEE, explicó Cremades, trabajará de forma “creíble, profesional” y hasta “la verdad de los hechos” y con el aval de un bufete con lustros de experiencia y éxito en casos “con miles de afectados”. Aunque éste es “el caso más difícil”, reconoció.

“Soy católico, miembro del Opus Dei y por eso tengo el convencimiento de que la Iglesia tiene que ir hasta el fondo, investigar y pedir perdón si es necesario”, añadió Cremades, aunque desvinculó su fe y colaboración con entidades religiosas de la independencia de su labor profesional, porque no cree que haya “ningún tipo de conflicto”. “Vamos a ir hasta al final, hemos aceptado un mandado para trabajar con independencia y en colaboración con las diócesis. Yo estoy aquí como abogado, no como creyente”, zanjó.

COMPLEMENTAR INVESTIGACIONES

Cremades insistió en la colaboración “con todas las autoridades” pero también hizo un llamamiento a víctimas, familias, asociaciones, medios de comunicación y las 40 oficinas diocesanas para recabar el máximo de datos posible. “No venimos a suplir sino a complementar”, expuso, de forma que esta comisión no se plantea ser “una alternativa” a las investigaciones de los poderes públicos, sino a “complementarlas”. Los trabajos de la comisión no se facturarán a la CEE, indicaron ambos, que también reconocieron que apenas llevan hablando una semana para impulsar la iniciativa y que firmaron este mismo martes el acuerdo para formalizarla.

Durante su intervención, Omella indicó que su deseo es “establecer un puente que facilite el trabajo con las autoridades”, un “cauce de colaboración adecuado y eficiente”. “La CEE quiere trasmitir su responsabilidad ante las víctimas, estableciendo un nuevo vehículo que ayude a esclarecer casos y evitar que se produzcan otros", argumentó el cardenal.

El presidente de los obispos españoles justificó la creación de esta comisión ahora cuando hasta hace unas semanas parecía descartada en que “no es fácil tomar una decisión rápida” y en que llevan “tiempo” reflexionando. “Para nosotros lo importante es estar cerca de las víctimas”, subrayó.

VÍAS DE INVESTIGACIÓN

El despacho abrirá diversas vías para conocer los casos de abusos, desde un correo electrónico para informar de ellos hasta el contacto directo con quienes lo han sufrido, a partir de los datos que facilitará la Iglesia española o el acercamiento a asociaciones que trabajan con los afectados por estos delitos.

Además, "revisará los procedimientos jurídicos tendentes a sancionar las prácticas delictivas y ofrecerá su colaboración a las autoridades para ayudar a esclarecer los hechos y establecer un sistema de prevención que satisfaga las demandas sociales al respecto".

Esta auditoría se suma a otras iniciativas políticas y judiciales que se han impulsado desde dentro y fuera de la Iglesia, como los primeros pasos que se han dado en el ámbito parlamentario para crear una comisión de investigación en el Congreso, a iniciativa de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu; otra con expertos capitaneada por el Defensor del Pueblo, a petición del PSOE y que cuenta con el apoyo, entre otros, del PNV, y el requerimiento de información de la Fiscalía sobre los casos que se están investigando actualmente sobre abusos en el ámbito religioso, y de los que se han conocido más de medio centenar en toda España.