El Gobierno pctó con la Iglesia su financiación mediante la asignación tributaria que los contribuyentes le otorgasen en el IRPF, pero con la salvaguardia de que, si no alcanzaba una cuantía similar a la que venía recibiendo de los presupuestos, la diferencia sería compensada por la Administración.

Este acuerdo, que se estableció hasta encontrar una fórmula de financiación definitiva que no se alcanzó, finalizó en 1990, por lo que el Estado congeló desde entonces la dotación económica que venía dando a la Iglesia:15.000 millones de pesetas.

Según manifestó a Servimedia José Sánchez, secretario general de la Conferencia Episcopal, los 3.000 millones de pesetas adicionales que el Estado ha concedido ahora a la Iglesia no suponen "ni un dádiva ni un privilegio, ni un aumento contradictorio en tiempos de recesión, sino la compensación de gastos atrasados, el reajuste de una deuda pendiente".

A su juicio, "el Gobierno estaba obligado a arreglar las cosas en los tres años y antes de solucionarlo lo dio por acabdo. Ni elevó el porcentaje de la asignaciíon tributaria ni la cantidad de la dotación presupuestaria y dio por terminado un plazo sin haber cumplido las condiciones".

"Ahora han entrado en razones", añadió, "pues han dicho: 'efectivamente, con esta gente tenemos sin arreglar un asunto', y han decidido elevar a fijos y no darlos a cuenta la citada deuda". La mayor parte de este presupuesto está destinado a sufragar los salarios del clero diocesano.