La campaña, encargada a la agencia Publimed, se desarrollará en dos fases. La primera, desde mediados de septiembre a diciembre, y la sgunda, de enero a abril de 1993.

En el seno de la Conferencia Episcopal se está poniendo en entredicho desde hace tiempo la asignación tributaria que el Estado entrega a la Iglesia a través de las donaciones que los contribuyentes consignan en sus declaraciones de la renta.

La imposibilidad de controlar esas donaciones por la confidencialidad que rodea el pago de los impuestos y las críticas vertidas desde sectores gubernamentales en momentos de tensión de que la Iglesia vive gracias a lo que le a el Gobierno, son dos de las razones que desde los sectores religiosos se esgrimen para buscar su propia autofinanciación.

Asimismo, la autofinanciación intenta acabar con la creencia de que la Iglesia le hace a Hacienda propaganda gratuita fomentando las declaraciones de la renta y que por sus propios medios obtendría más fondos que los que le entrega el Estado (60.000 millones en 1991).

ABSOLUTA INDEPENDENCIA

Los responsables de este plan, que se realizará independiente en cada diócesis, preén alcanzar en dos años el objetivo de la autofinanciación, que persigue fundamentalmente conseguir la absoluta independencia Iglesia-Estado.

La comisión técnica creada en el Obispado de Madrid está presidida por el vicario episcopal de la Vicaría Sexta, Dionisio Toledano, mientras que monseñor Bernardo Herraez será el responsable de gestionar el fondo común interdiocesano.

La dotación económica del Estado a la Iglesia arranca de la desamortización de Mendizábal, por la que el Estado privó a la Ilesia católica de su patrimonio.

El Concordato de 1953 firmado entre la Iglesia y el Estado recogió el compromiso común para la creación de un adecuado patrimonio eclesiástico y que, mientras tanto, el Estado dotara anualmente a esta institución con una contribución económica, a título de indemnización.

Sin embargo, desde los acuerdos de la Santa Sede de 1974 ya no se habla de desamortizaciones y lo que hasta ese momento se entendía como indemnización, pasó a ser una aportación social a la Iglesi, lo que ha dado pie a numerosos recelos, con los que la Iglesia quiere acabar obteniendo finalmente su autofinanciación.