La polémica ha sido abierta recientemente por la Conferencia Episcopal Española, que siempre ha reivindicado la exigencia de una sola casilla porque, a su juicio, así lo establecen los acuerdos que el Estado firmó con la Santa Sedeen 1979.

Por su parte, 28 organizaciones no gubernamentales, que se benefician de estos fondos, defienden no sólo el mantenimiento de la casilla para "otros fines sociales", sino que han pedido al presidente del Gobierno que el Estado deje de financiar a la Iglesia, ya que desde que se firmaron los acuerdos con la Santa Sede no ha hecho nada para conseguir la autofinanciación de la Iglesia que en éstos se persigue como fin último.

El Estado, y en su nombre el Ministerio de Asuntos Sociales que getiona y reparte estos fondos, fue quién decidió establecer las dos casillas, sin el acuerdo de la Conferencia Episcopal.

LO QUE DICEN LOS ACUERDOS

Para defender su posición, el Episcopado sostiene que los acuerdos con la Santa Sede en materia económica establecieron que "el Estado podrá asignar a la Iglesia un porcentaje del rendimiento de la imposición sobre la renta o el patrimonio neto u otra de caracter personal, por el procedimiento técnicamente más adecuado".

Sin embargo, el motivo de la olémica es la interpretación de las palabras del acuerdo que siguen: "Para ello (asignar a la Iglesia el citado porcentaje), será preciso que cada contribuyente manifieste expresamente en la declaración respectiva, su voluntad acerca del destino de la parte afectada. En ausencia de tal declaración la cantidad correspondiente se destinará a otros fines".

El secretario general de la Conferencia Episcopal, José Sánchez, interpreta, según manifestó a Servimedia, que "el acuerdo establece que se posibilitaá la asignación de un tanto por ciento para fines de la Iglesia católica y los que no hagan esta asignación se entenderá que esos fondos van a otros fines".

La fórmula actual, añadió, "hace que mucha gente entienda que ese dinero va para los curas o para los pobres (según la casilla) como si nosotros no atendiéramos a los pobres u otras causas sociales. Nos pone en confrontación con los pobres".

Por su parte, las ONGs que han remitido una carta a González consideran que el establecimiento de las os casillas "no se debe considerar como un enfrentamiento o una confrontación conflictiva entre el carácter confesionalmente religioso y otro neutralmente civil ... en el cumplimiento de los fines sociales que el Estado está obligado a prestar".

Por ello, y puesto que el Estado "es neutro en materia religiosa", argumentan, "no resulta respetuoso incitar a los órganos de su administración a que supriman el sistema actualmente establecido".

LOS PRESUPUESTOS DE ASUNTOS SOCIALES

Respecto a lo agravadas que pueden sentirse otras organizaciones no gubernamentales que se benefician de estos fondos, Sánchez explicó que "tienen derecho a pedir lo que quieran, pero para obtener lo que necesitan no tienen por qué luchar para que se lo quiten a la Iglesia".

El secretario sostuvo que debe ser el presupuesto del ministerio quién corra con esos gastos y subrayó que "no queremos luchar contra entidades que se ocupan de los pobres porque nosotros también nos ocupamos".

"Yo comprendo que el Ministerio d Asuntos Sociales debe atender a esos sectores, pero ¿a costa de sacar más o menos en competencia con la Iglesia?. ¿Es que el ministerio no tiene que hacer sus presupuestos para estas causas independientemente de si los contribuyentes dan más o menos"?, se preguntó el obispo, al tiempo que indicó que su forma de proceder le parece "poco elegante".

Sánchez subrayó también que siempre "hemos manifestado reiteradamente nuestra disconformidad con que se hiciera así, porque fue una decisión unilateral de ua de las partes. No hemos estado de acuerdo con la solución que se dió". Por ello, dijo, "sólo pedimos que los acuerdos se desarrollen con el consentimiento de ambas partes y no que se nos impusiera".

Sánchez no desmiente que si figura una sóla casilla la recaudación sería mayor, pero subraya que la actual fórmula nos ha situado como "la competencia del Ministerio de Asuntos Sociales", ministerio que incluso intentó montar una campaña, que estaría pagada con fondos públicos, para aumentar la recaudacin del 0,52% del IRPF para otros fines sociales.

Finalmente, el ministerio no llegó a hacerla, pero en la actualidad imprime folletos y publicidad explicando el destino de los fondos, que suelen ser las clases más desfavorecidas.

Según los últimos datos sobre la recaudación del IRPF, relativos a las declaraciones de la renta de 1991, la Iglesia obtuvo 12.252 millones de pesetas, asignados por el 40,92% de los contribuyentes, frente a los 12.826 millones del Estado. El Estado percibió también las aignaciones no señaladas.

Respecto a la carta entregada al presidente del Gobierno, está firmada por Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Federaciones de Mujeres Progresistas, Comisión Pro Derecho al Aborto, Universidades Populares, Ceapa, entre otras.