Esos datos muestran que el sector público empresarial está ya lejos de ser en España algo exclusivo del Estado, pusto que prácticamente se han cuadruplicado las empresas y entes públicos de las autonomías desde 1985, primer ejercicio para el que dispone de información la IGAE. Ese año sólo había 100 y cuatro gobiernos regionales no tenían ninguna (Aragón, Baleares, Extremadura y Murcia).

La IGAE, en el inventario oficial más exhaustivo sobre esta cuestión, plasmado en su informe sobre "El sector público empresarial. Informe económico-financiero 1993", cifra en 1.185 las sociedades controladas por el sector públic al finalizar ese ejercicio, incluyendo empresas mercantiles, entes públicos y organismos autónomos.

La relativa sorpresa se produce al comprobar que las administraciones territoriales distintas al Estado, a las que raramente se hace referencia en el debate sobre los límites del sector público, controlan ya más empresas que el Gobierno central, aunque sus dimensiones en plantilla y facturación son menores, si bien no es posible saber en qué medida exactamente por falta de información global sobre esto aspectos.

Las autonomías controlan 394 sociedades públicas (bajo alguna de las tres formas jurídicas señaladas), los ayuntamientos otras 189 (180 empresas mercantiles y 9 organismos autónomos) y las diputaciones provinciales 63 más (54 empresas mercantiles, 1 ente público y 8 organismos autónomos).

En total, estas administraciones territoriales controlan 646 empresas y otras entidades públicas, frente a 539 del Estado (449 empresas, 51 entes públicos y 39 organismos autónomos).

SOBRE TODO PAISVASCO Y CATALUÑA

Los datos de la IGAE muestran que el País Vasco, Cataluña y Andalucía son las comunidades que han creado más empresas públicas bajo su control, si bien eso es algo a lo que no ha renunciado ninguna autonomía, con independencia de su color político.

Las empresas mercantiles y entes públicos inventariados por la IGAE se repartían de la siguiente manera por autonomías: Junta de Andalucía (38), Comunidad de Aragón (10), Principado de Asturias (15), Baleares (19), Canarias (17), Cantaria (11), Castilla-La Mancha (2), Castilla y León (15), Cataluña (38), Extremadura (14), Galicia (15), Comunidad de Madrid (25), Región de Murcia (12), Comunidad Foral de Navarra (27), La Rioja (3), Comunidad Valenciana (22) y Comunidad Autónoma Vasca (90).

Los sectores en los que las autonomías tienen más presencia son el urbanismo, los servicios culturales y de radiodifusión, los transportes, la energía y la agricultura, aunque también tiende a crecer su interés por los servicios informáticos.

or lo que se refiere a las plantillas incluidas en empresas y entes de las autonomías, ésa es una información de la que el Estado carece y ni siquiera la IGAE dispone de todos los datos, y también carece de los referidos a los ayuntamientos y las diputaciones provinciales.

A este respecto, los responsables de la IGAE reconocen que "a pesar de la colaboración prestada por la mayoría de los ayuntamientos, diputaciones provinciales y comunidades autónomas, no ha sido posible conseguir una cobertura adecuda de las sociedades y entes públicos que componen este sector".

En todo caso, la tendencia de los gobiernos regionales parece apuntar claramente en la dirección de aumentar su sector público empresarial, ya que en el ejercicio de 1993, pese a vivirse la peor crisis de la reciente historia de España, la IGAE constató sólo 21 bajas de sociedades y entes públicos autonómicos, frente a 112 altas.