Con ello, el nuevo gobierno que saliera de las urnas debería elaborar y ejecutar un nuevo proyecto de presupuestos que "debería ser genuinamente restrictivo y contener las reformas estructurales de que ta necesitada se halla la economía española", según ha manifestado el director general del IEE, Victor Mendoza, en una reunión con periodistas.

Por el contrario, consideran que los presupuestos recientemente presentados por el ministro de Economía, Pedro Solbes, "son los peores de los últimos años", con un componente claramente electoral.

Según esta institución, la política de gasto de estos presupuestos prima aquellos que tienen un carácter más "asistencial" y reduce los que afectan a la inversión y aquellos que tienden a hacer más competitiva la economía.

Por otra parte, aseguran que el Gobierno no logrará cumplir los pesupuestado en cuanto a ingresos, 26 billones de pesetas, ya que los ingresos procedentes de los impuestos serán 400.000 millones inferiores a esta cifra.

El IEE ha criticado, asímismo, la previsión de Déficit Público, que se cifra en el 4,4% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas. Mendoza ha comenzado por poner de manifiesto que las cifras no cuadran yaque sumando las distintas partidas de déficit de llega a 4%, y no al 3,8% anunciado, para la administración central del Estado.

Según el informe del IEE, la prórroga de los presupuestos no garantiza una política estricta de control del déficit sino que, por el contrario, se podría producir una gasto intensivo con cargo a los créditos del presupuesto en los primeros meses del año, previos a las elecciones, en aquellas partidas con un componente más claramente electoral.

Si esto llegara a producirs, el Gobierno que saliera de las elecciones podría encontrarse con partidas del presupuesto agotadas que le llevaría a un "suicidio político".

Además, el IEE considera que el Decreto-Ley que el Gobierno pudiera dictar para hacer frente a las modificaciones necesarias, en especial en materias de sueldos de los funcionarios, financiación de la deuda pública y revalorización de las pensiones, sería inconstitucional, así como la eventual convalidación que pudiera hacer el Congreso en caso de que los partios de la oposición aprobaran este decreto ley.

Según esta institución, la previsión de un Decreto-Ley de modificaciones juega sólo para el caso de que el Congreso se retrase en la aprobación del presupuesto, pero no para el caso de que lo rechace.