Así lo señaló el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid Javier Martín Fernández en la presentación celebrada este lunes del informe sobre el nuevo impuesto elaborado por catedráticos de Derecho Tributario y otros expertos para el think tank de la CEOE.

Martín señaló que se trata de un cambio de “mucha trascendencia”, que le hace poner “en duda” que la recaudación del impuesto, al menos a corto plazo, vaya a ser “bastante pequeña”. La modificación podrá “incidir sustancialmente en la Administración”, aunque también hay que tener en cuenta si esta cuenta con los "medios necesarios" para hacer cumplir esta cuestión.

Según el experto, la dirección general de Tributos “venía manteniendo” que las personas físicas titulares o partícipes “no tributaban por el impuesto de patrimonio”, pero la nueva norma conllevaría poder gravar esta “titularidad indirecta de bienes inmuebles”, lo que provocará que el número de contribuyentes se vaya a "ampliar”.

El director general del IEE, Gregorio Izquierdo, señaló al respecto que no es una cuestión “baladí” porque se trata de un elemento que fomentará la “desinversión y la deslocalización” en el mercado inmobiliario español, impactando en su “atractivo”.

No obstante, el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela César García Novoa indicó que una teórica “no aplicación del mínimo exento” es “difícilmente compatible” con el derecho de la Unión Europea. Además, habría que estudiar cómo se encaja esta tributación con los convenios de doble imposición que España tiene acordados con más de un centenar de países, pues estos tratados “tienen preferencia sobre la ley interna”.

Preguntados por la deducción aprobada por la Comunidad de Madrid a los inversores extranjeros, el exdirector del Instituto de Estudios Fiscales, Juan José Rubio, apuntó que se trata de una dinámica de “acción y reacción” para incrementar los incentivos a la inversión de grandes patrimonios, pues muchos son de “naturaleza inmobiliaria de renta variables. En este sentido pidió “volver a la lealtad constitucional e incorporar cierta coherencia”.