Boada explicó que, en la economía de mercado, "existe siempre un marco normativo que hay que cumplir", unas normas coercitivas unidas también a una demanda de un comportamiento ético, pero advirtió que todas las actividades relacionadas con la RSC "deben ser voluntarias", y no deben prevalecer "nunca sobre la ganancia de beneficios".

En este sentido, Iranzo criticó que el sector público pretenda establecer esas normas que obliguen cumplir con la RSC y que, mientras tanto, sea uno de los sectores donde no se cumplan, refiriéndose a que en la actualidad, hay menos discapacitados trabajando en la Administración de lo que las normas establecen.

Para hacer que las empresas españolas sean más competitivas, Boada planteó una serie de reformas fiscales y presupuestarias que afecten al capital humano, la innovación o la internacionalización empresarial.

Entre estas reformas, las más importantes son las que están relacionadas con el mercado de trabajo, donde reclamó "cambios para reducir la temporalidad", y una mayor atención al trabajo a tiempo parcial, que aliviaría las "bolsas importantes de desempleo" que se dan actualmente entre mujeres y jóvenes.

Por su parte, Iranzo destacó el nuevo mundo que se abre con la fuerte llegada de China y la India, cuya actividad "se basa en producir bienes y servicios", aunque mostró su preocupación por el hecho de que en estos países "es muy difícil aplicar los criterios de ética y exigencia aplicados en Occidente".

Finalmente, destacó la importancia de contar con una mano de obra cualificada para frenar la deslocalización, así como un entramado de infraestructuras y, lo que calificó como más significativo, una garantía de disponibilidad de energía.