López de Lerma recordó una sentencia del Tribunal Constitucional de 1990, motivada por un recurso de amparo promovido por el propio Idígoras, mediante la que se acordaba el reestablecimieno de sus derechos como miembro del Congreso, derechos que la resolución judicial subrayaba en lo referente a su cotización que debían considerarse "con los mismos efectos en el orden de la Seguridad Social que los que en ocasiones precendentes se han derivado".

El portavoz de la Mesa, en rueda de prensa celebrada esta tarde en el Congreso, explicó que Idígoras cumplimentó los cuatro requisitos exigidos en el Reglamento del Congreso: fue elegido por el pueblo, se le expidió el certificado conforme era iputado, suscribió las declaraciones de actividades y de bienes, y además prometió el acatamiento a la Constitución.

De acuerdo con estos cuatros requisitos, Idígoras se integró a la Cámara como diputado y en función de sus derechos dispuso de una asignación constitucional que además fue añadida con una corbertura en su alta a la Seguridad Social.

No obstante, relató, en junio de 1991 y en junio de 1992 la Mesa del Congreso, de acuerdo con lo que establece el artículo 99 del Reglamento, privó al iputado Idígoras de los derechos al sueldo y a HB de la participación en las ayudas o subvenciones que reciben por parte de la Cámara los grupos parlamentarios.

Idígoras fue entonces sancionado por la Mesa por no cumplimentar sus obligaciones como parlamentario, al no asistir a las sesiones plenarias y de comisiones. "Esa es la única potestad que tiene la Mesa del Congreso de los Diputados", aclaró López de Lerma recordando que el TC obligaba a restituirle (a Idígoras) su derecho a que el Congreso le otizara en la Seguridad Social.

Preguntado sobre la oportunidad de reformar el Reglamento del Congreso para evitar que se reproduzcan casos similares al de Idígoras, López de Lerma se limitó a decir que "si en un futuro el Reglamento dice otra cosa, a menos que sea abiertamente inconstitucional, el TC puede decir cosa distinta".

En este sentido, agregó que "la única reflexión que hago es que en este país a trabajo remunerado hay obligación de cotización en la Seguridad Social y esa es una norma qe obliga tanto a un trabajador autónomo como a un trabajador de cualquier empresa privada como a un funcionario público como a los diputados y senadores. Sólo faltaría que quien hace la ley se saltara la ley", concluyó.