Concretamente, la proposición insta al Gobierno a llevar a cabo "los trámites necesarios" para declarar al sur de Baleares un área en el que se prohíba la pesca de atunes, "en el plazo máximo de dos meses". El debate y votación tendrá lugar en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Congreso.

Asimismo, el texto pide realizar "los trámites necesarios" para que dicho santuario "sea reconocido como tal" por la Unión Europea.

En un comunicado, Greenpeace, WWF/Adena y Ecologistas en Acción pidieron a los grupos parlamentarios que apoyen la citada proposición no de ley.

Según datos de las tres organizaciones, la pesquería de atún rojo tiene uno de los mayores índices de pesca ilegal en todo el mundo.

Los científicos, según indican, han estimado que las capturas en 2007 rondaron las 60.000 toneladas, más del doble de la cuota legal, que no llega a las 30.000 toneladas anuales.