En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados junto al abogado de la acusación Vladimir Blanes, Herrera confió en que la Fiscalía General y la Abogacía del Estado, que no han formulado acusación, cambien mañana de actitud en la vista previa que se celebrará en la Audiencia Nacional.

Herrera considera que tanto el Ministerio Fiscal como la Abogacía deben responder, con una actitud exigente, a un caso "mayúsculo" de fraude fiscal, por lo que apeló a esa "exigencia democrática que tanto le gusta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero".

El caso nació en 1992, cuando la inspección de Hacienda alertó del fraude fiscal cometido por clientes del Banco Santander con la "colaboración imprescindible" de la entidad, que facilitaba nombres falsos, testaferros y documentos para facilitar el fraude.

Entre 1988 y 1999 se realizaron más de 47.274 operaciones con al menos 3.500 titulares y un capital de 432.965.000 pesetas. Aunque la mayoría de los titulares regularizaron su situación con Hacienda, quedaron pendientes 228 casos con más de 15 millones de pesetas no declarados.

El presidente de ICV, Joan Saura, ejerció la acusación particular en este caso, "a consecuencia de los evidentes intentos de concluir las investigaciones por parte del Gobierno", que por no hacer bien sus deberes, denuncia, podría poner en riesgo la recuperación de 84 millones de euros del Estado.

El portavoz parlamentario de ICV subrayó que hay una doble responsabilidad, del Gobierno de José María Aznar y el ex vicepresidente Rodrigo Rato, que "acató los criterios del entonces fiscal general del Estado, Eduardo Fungairiño; y la de su sucesor en el cargo, Cándido Conde-Pumpido, y la actual Abogacía del Estado, que no han sido exigentes".

DILACIONES INACEPTABLES

Lamentó, además, que las "dilaciones claramente inaceptables en el funcionamiento de la justicia" provoquen que no se haya juzgado aún un caso de fraude fiscal que data de 1989, y que requiere una "actuación enérgica", al menos por respeto a los inspectores de Hacienda.

El abogado, Vladimir Blanes, explicó que, aunque ICV no está personado como acusación porque se le denegó una prórroga para formular la solicitud y ésta se registró fuera de plazo, formará parte del proceso, aunque sea sumándose a la acusación popular, y presentará sus propias conclusiones.

Blanes advirtió de que aún caben "prescripciones, nulidades, y cualquier argumento imaginativo" de la sala para no señalar la vista y que "el tema quede zanjado", por lo que avanzó que seguirá trabajando para que "se celebre el juicio y se depuren responsabilidades".