La línea argumental del ICEX, ahora respaldada por el Consejo de Estado, es que la finalidad del Instituto es la satisfacción de necesidades que además de generales, ya que rebasan el ámbito puramente sectorial, tienen un inminente caracter mercantil.

La consulta al Consejo de Estado había sido planteada por el ministro de Comercio y Turismo, Javier Gómez Navarro, ante la disparidad de criteros existentes entre el equipo directivo del ICEX, avalado por su consejo de administración y los servicios jurídicos del Estado, sobre si el instituto quedaba afectado o no por la aplicación de la ley.

La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas establece en su ámbito de aplicación que deberán ajustar su actividad contractual a la Ley los organismos públicos que, en otros requisitos, hayan sido creados para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial y mercanti.

A la documentación aportada ante el Consejo de Estado por el ICEX se sumó el "Manifiesto por la Exportación" suscrito el pasado 20 de julio por 28 asociaciones y federaciones exportadoras.