La ley vigente establece que los conductores con diabetes están obligados a renovar cada año o cada seis meses el carnet de conducir.

A juicio de Saura, "esto supone un trato discriminatorio, ya que son personas que no sufren ninguna patología que les impida conducir como a cualquier otra persona". Esta afirmación está sustentada, además de por evidencias rales, por informes médicos.

La evolución de la ciencia médica, el perfeccionamiento en las técnicas de autocontrol y los controles médicos han permitido que quienes padecen diabetes pueden llevar una vida en igualdad de condiciones que el resto de la población.

Saura estima necesario que el Gobierno emprenda un diálogo con las asociaciones y federaciones de personas con diabetes, con el fin del modificar el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores, para eliminar el rato discriminatorio para las personas que padecen esta enfermedad.