Saura pidió al Gobierno que explicara por escrito si tenía conocimiento de los hechos denunciados por un medio de comunicación, según el cual empresas filiales de la constructora Cubiertas abonaron más de quince millones de pesetas al PP entre finales de enero y principios de febrero de 1996.

Ante la inadmisión a trámie de esta pregunta, IC presentó un recurso a la Mesa del Congreso en el que recordaban los antecedentes sobre preguntas dirigidas al Gobierno acerca de las "condiciones en que el partido se ha financiado, especialmente cuando esta financiación puede ser irregular" y se produce pocos meses antes de una campaña electoral.

En su reunión de hoy, el órgano de gobierno de la Cámara Baja rechazó este recurso tras un empate a cuatro votos. Los representantes socialistas y de Izquierda Unida votaron a favor desu aceptación, mientras que populares y PNV lo hicieron en contra y el representante de CiU estaba ausente.

Saura explicó a Servimedia que esta decisión le parece "improcedente" y recordó antecedentes jurídicos similares en los que miembros del Ejecutivo han contestado en el Congreso preguntas relativas a la financiación de la campaña que les llevó al Gobierno.

Considera que se ha vulnerado el artículo 23.1 de la Constitución Española, que otorga a los ciudadanos "el derecho a participar en los auntos públicos, directamente o por medio de representantes", motivo por el que presentará un recurso de amparo.

El diputado de IC, que ya ganó un recurso similar tras una decisión del Parlamento catalán, acusó al Grupo Popular de utilizar su mayoría en la Mesa del Congreso para intentar "limitar y constreñir" el control parlamentario al Gobierno.