Los partidos catalanes insistirán mañana, durante la cmparecencia de Cullell ante la Comisión de Política Territorial y Obras Públicas, en destacar que a este caso se suman otros no suficientemente explicados por parte del Gobierno catalán, como el del ex director del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) Jordi Planasdemunt, condenado a 7 años de cárcel, o las relaciones con el financiero Javier de la Rosa.

Tanto los grupos de la oposición como sectores de Convergencia Democràtica de Catalunya están convencidos de que Cullell anunciará su dimisión tras defnderse de las acusaciones por tráfico de influencias en favor de su cuñado, propietario de los terrenos de Sant Pere de Torelló.

El presidente de IC, Joan Saura, manifestó hoy que su formación solicitará formalmente mañana la creación de una comisión investigadora sobre la recalificación de esos terrenos para construir viviendas y recordó que, cuando ocurrieron los hechos, el titular de Obras Públicas de la Generalitat era Joaquim Molins, actual portavoz adjunto de CiU en el Congreso.

Por su part, el portavoz del PSC, Higini Clotas, dijo que su partido insistirá, a pesar de la previsible dimisión del consejero, en la necesidad de que el Gobierno catalán afronte los problemas pendientes y le reclamarán "transparencia e información" en otros casos que implican a miembros del Consejo Ejecutivo.

El secretario general de Esquerra Republicana de Catalunya, (ERC), Angel Colom, también se refirió a otras cuestiones que al Gobierno de CiU le quedan por esclarecer, como sus vinculaciones con De la Rosa mientras que el Partido Popular (PP) ha anunciado que aprovechará su intervención para denunciar que el "caso Cullell" no es el único que afecta al Ejecutivo catalán.

Por otro lado, el consejero de Justicia, Antoni Isac, se comprometió hoy a acudir al Parlamento de Cataluña para explicar la actuación de la Generalitat respecto a la Fundación Quail, controlada por Javier de la Rosa, después de que IC le acusara el pasado martes de haber mantenido un "trato de favor e incumplimiento de la ley" al no haerse inspeccionado los libros de la entidad.

Isac afirmó que su departamento "ha cumplido la legalidad en este asunto" y aplicó la normativa vigente y pidió a Joan Saura que rectificara sus acusaciones.