Esta proposición, que supondría una la reforma de la Ley orgánica 3/1987 sobre financiación de partidos políticos, prevé que las entidades financieras informen de los créditos, hipotecas y otras operaciones fiancieras, así como los avales correspondientes.

El preámbulo de la citada ley orgánica afirma qe su objetivo fundamental es "establecer el marco normativo básico que discipline dicha actividad financiera de forma regular y transparente", algo que, según afirma IC en un comunicado, no se cumple en su plenitud.

Por ello, considera necesario que el Tribunal de Cuentas, responsable de la fiscalización externa de la actividad económica de los partidos, tanga acceso a las informaciones sobre créditos solicitados por los grupos políticos, ya que "el control sobre quienes otorgan los créditos es tan imortante como sobre quienes lo solicitan y, consecuentemente, reciben".