La Unión de Consumidores de España (UCE) que fue quien interpuso la demanda inmediatamente despues de este hecho que se produjo enoctubre de 1990 califica de "paradoja" el carácter individual de los efectos de la sentencia que "aunque declara el derecho a a la devolución del importe íntegro obliga a cualquier otro consumidor con el mismo problema a a cudir a los tribunales para reclamar este derecho".

UCE critica el hecho de que, a pesar de que los consumidores recibirán el importe íntegro, la gestión ante los tribunales "causa graves perjuicios a los ciudadanos por su lentitud y cuantía económica".

Por eso, UCE solicita a beria que se adhiera al Sistema Arbitral de Consumo "con el fín de agilizar todos estos procedimientos y evitar la saturación de los juzgados".

Las Juntas Arbitrales de Consumo vienen funcionando desde hace seis años con la participación de un representante de la Administración, otro de la empresa y otro del consumidor.

Este sistema, que funciona ya en las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, La Rioja, Murcia y Asturias; y en 16 ciudades, tiene carácter gratuito y resuelve los procedimienos en el plazo de tres meses.

UCE exige tambien a Iberia el establecimiento de unos baremos de devolución proporcional a los tiempos de retraso, tal como ya existe en Renfe.